En sus sentencias STS 300/2015 de 19 de mayo de la Sala Segunda y STS 754/2015 de 27 de noviembre de la Sala de lo Penal, ambas del Tribunal Supremo, establecen la necesidad de reforzar la actividad probatoria en las evidencias digitales para con ello garantizar la no manipulación de las mismas.

Por ello hace que cualquier aportación de documentación digital como prueba en un juicio en la práctica sea necesario respaldarla por el informe de un perito informático que aporte garantías de la legitimidad de su origen técnico, así como de la preservación de su cadena de custodia.